Rubén Alejandro Astorga fue condenado ayer a 11 años y seis meses de prisión en la última audiencia del juicio oral por comercialización de droga en la capital.
El “Seco”, como lo conocen, ha sido señalado por el Tribunal Oral Federal (TOF) como el jefe de una organización, que fue denominada como “la banda del Gordo Vaca”, dedicada a la venta de estupefacientes. Sin embargo, Luis Fabián Vega, a quien apodan “el Gordo Vaca”, recibió una pena de 10 años, al ser considerado culpable del delito de comercio de sustancias ilegales, pero no fue condenado como organizador de esa estructura delictiva. En la etapa de investigación sí se lo consideraba como el líder.
El fallo de los magistrados no sólo marcó las responsabilidades y la participación de ambos imputados con esas calificaciones penales, sino que también potenció la división interna de la banda.
“La droga es tuya, ‘Seco’ Ale”, le restregó a los gritos una familiar de Vega. La mujer lo increpó adentro y afuera del edificio de Crisóstomo Álvarez y Chacabuco. Lo siguió hasta que Astorga ingresó en la celda del móvil del Servicio Penitenciario provincial. El líder de la banda sólo necesitó mirarla y levantar su mano izquierda para desafiar y provocar la ira y el llanto de la chica.
“No encontraron droga en la casa de mi hermano. No hallaron pruebas. No tiene nada que ver. Además, el fiscal (federal Pablo Camuña) dijo ayer que no era líder de la banda. A los jueces les mintieron”, reclamó el hermano del condenado, Mario Vega, en contra del fallo.
Los jueces Gabriel Eduardo Casas (presidente), Carlos Enrique Jiménez Montilla y Abelardo Basbús impusieron para Astorga, además de los años de prisión, multas de $ 25.000, accesorias legales -por igual tiempo que el de la condena- y costas; mientras que la sanción económica para Vega alcanzó los $ 20.000, bajo las mismas condiciones.
“Es una sentencia importante. La severidad de las penas reflejó la mayor capacidad de daño que involucra la narcocriminalidad organizada en la comunidad. También debe remarcarse que el TOF, de acuerdo con el pedido de la fiscalía, ordenó el decomiso de 17 vehículos y de una propiedad (vinculada a Astorga en Tafí del Valle-El Mollar), una regla basada en que no puede disfrutarse la propiedad de bienes que se obtuvieron de actividades ilícitas”, afirmó Camuña, respecto de la decisión judicial y el nivel de las penas.
El TOF también condenó a Roberto Peña a 10 años y $ 20.000 de multa por la venta de sustancias ilícitas, circunstancia agravada por el papel que cumplió dentro de la estructura. A la vez, dispuso nueve años para Ángel Augusto Monteros por su participación en la organización, con sanción también de $ 20.000. Los otros penados son:
• Marcelo Daniel Salguero y Juan Manuel Carofile recibieron penas de siete años y deberán cubrir el pago de $ 20.000, al ser considerados culpables del delito de comercio de estupefacientes.
• Víctor Darío y Rubén Darío Astorga, y Laura Liliana Gutiérrez, con seis años y seis meses de prisión por la comercialización de sustancias ilícitas. Multa de $ 15.000 para cada uno.
• Josefa Cobo, condenada a seis años de cárcel y sanción económica de $ 15.000 por la venta de droga y sus funciones en la estructura delictiva.
• Enrique Alejandro Bepre fue condenado a tres años y seis meses de prisión y multa de $ 2.000; mientras que Lucas Ramiro Rivadeneira recibió un castigo de tres años de prisión y sanción de $ 200. Ninguno de los dos quedó detenido.
Los otros condenados cumplirán con las prisiones preventivas hasta que la sentencia quede firme.
“Por una cuestión de prudencia, se esperará los fundamentos del fallo (el próximo jueves 27) para analizar la utilización o no de una vía recursiva. Entendemos que había irregularidades y anomalías en la investigación, y los planteos (de nulidad) fueron desechados por el tribunal”, expresó el defensor, Manuel Pedernera.
“Me cuesta entender, en principio, que en esta decisión no se haya tenido en cuenta las escuchas ilegales. A la vez, durante el juicio no se reconoció como droga de Vega (parte de lo secuestrado), según la interpretación del Ministerio Público, sino como almidón. Creo que hay motivo para analizar si fue objetiva o no la instrucción”, añadió el letrado.